¿Cómo manejará Jamaica su “hierba curativa”?

Por Esteban Rossi I., Ph.D., Analista, New Frontier Data

Durante la época colonial, los empleados de la corona británica trajeron el cannabis de la India y ubicaron, sin intención, una piedra angular de la cultura jamaicana. Irónicamente, mientras los lugareños reconocieron rápidamente las propiedades de la “hierba curativa” como se le conoce localmente, la clase política adoptó una dura postura en contra del cannabis. No obstante, la hierba echó raíces en el corazón cultural de los jamaicanos.

Contexto

Debido a la confluencia de la música reggae y los movimientos sociales antibélicos de los años 60, el público del mundo asocia el cannabis con la cultura Jamaiquina. Sin embargo, a nivel nacional, el proceso de legalización tardó varias décadas. La comunidad Rastafari, por ejemplo, luchó insistentemente contra el Estado por su derecho a utilizar cannabis con fines religiosos, enfrentándose a duras sanciones en el camino. Desafortunadamente, el gobierno jamaicano no solo denegó estas peticiones, sino que aplicó leyes regresivas contra el cannabis.

Hasta 2015, el cultivo y la posesión se consideraban delitos y los jueces estaban obligados a seguir las directrices de sentencia (conocidos como mínimos obligatorios en inglés).  Estas circunstancias se tradujeron en una política con un fuerte trasfondo racial y político que provocó el enfado de la población. Afortunadamente, el parlamento modificó la ley del cannabis en febrero de 2015; el lenguaje de la enmienda ilustra elegantemente el alcance y la intención de la nueva legislación:

“LEY PARA MODIFICAR LA LEY DE DROGAS PELIGROSAS con el fin de prever, entre otras cosas, la modificación de las penas por la posesión de ganja en pequeñas cantidades especificadas y por fumar ganja en determinadas circunstancias, así como un régimen de licencias, permisos y otras autorizaciones con fines médicos, terapéuticos o científicos”. 

En la enmienda, el gobierno creó la Autoridad de Licencias de Cannabis (CLA) con el mandato de elaborar las normas de funcionamiento del sector. El reglamento de licencias y otras directrices se publicaron por primera vez en 2016.

Un mercado funcional

La CLA estableció rápidamente las normas básicas para la nueva industria. En resumen, los cambios más importantes fueron: la despenalización de la posesión simple, la autorización del cultivo doméstico de hasta de cinco plantas, la regulación de los usos sacramentales y el establecimiento de un sólido régimen de licencias que incluye la venta directa al consumidor (minorista). Lo más importante es que la normativa incluía un procedimiento para eliminar condenas anteriores relacionadas con el cannabis y algunas normas para proteger el sector del control por parte del capital extranjero. Según el régimen de licencias, los residentes jamaicanos deben tener una participación sustancial en las empresas de cannabis.

Desde 2018, la CLA ha emitido 34 licencias de cultivo, y 73 licencias de procesamiento, venta al por menor y transporte. Además, emitió 250 aprobaciones condicionales, lo que indica que los solicitantes se consideran aptos y pueden comenzar a construir sus instalaciones para luego obtener su licencia definitiva. En la actualidad, los costes de las licencias oscilan entre $2.000 y $3.000 dólares para el cultivo, y otros $2.500 dólares para la venta al por menor, $3.500 dólares para el procesamiento y $10.000 dólares para el transporte.

Hasta junio de este año, la CLA informó de que se habían emitido 42 autorizaciones de exportación a empresas dirigidas a los mercados internacionales. Asimismo, autorizó la exportación de aproximadamente una tonelada de flor de cannabis seca, tres kilos de semillas y más de 40 litros de aceite de cannabis. Según la directora del CLA, Faith Graham, las cifras de comercio entre las licencias comprendieron 894.749 dólares para el año fiscal 2019/2020, y $627.089 dólares en 2020/2021.

Con una población de casi tres millones de habitantes, incluyendo aproximadamente 10.000 pacientes médicos y unos 400.000 consumidores totales de cannabis, Jamaica representa un mercado interesante, mucho más dinámico que la mayoría de los de otros países de la región, con la excepción de Uruguay. En 2020, las ventas legales de productos con alto contenido de THC alcanzaron unos $12,7 millones de dólares. En comparación, esas cifras eclipsan a mercados más grandes y relativamente sobredimensionados como el de Colombia, que a pesar de la importante inversión extranjera y de una gran población (51,6 millones) creció más lentamente. En 2020, las ventas legales de productos con alto contenido de THC en Colombia ascendieron a unos $3,5 millones de dólares.

Perspectivas y próximos pasos

¿Cómo logró una pequeña isla establecer una exitosa industria nacional en tan poco tiempo? Los jamaicanos adoptaron un enfoque normativo favorable al cannabis que facilita el acceso médico a ciudadanos y turistas a través de los dispensarios. También se aseguraron de que los pacientes tuvieran acceso a una amplia gama de productos (empezando por la flor de cannabis). Y, lo más importante, respetaron los derechos y la privacidad de los usuarios religiosos y los cultivadores domésticos.

Facilitar el acceso de los pacientes a productos de calidad al tiempo que se establecen mecanismos de control es esencial para un programa eficaz de monitoreo. El CLA (al igual que el IRCCA de Uruguay) garantizó el acceso local a los productos y dio prioridad a las empresas locales. Además, crearon un modelo justo, con oportunidades para las pequeñas, medianas y grandes empresas. De forma paralela, algunas marcas locales e internacionales reconocieron el atractivo popular de la cultura caribeña favorable al cannabis. Empresas como Kaya, Jacana, Global Canna Labs y Marley-Natural adoptaron y promovieron los valores y estilos de vida jamaicanos.

Por último, como observaron los Rastafaris, los límites legales entre el uso adulto y el uso medicinal dependen más de convenciones sociales que de criterios científicos. En consecuencia, sigue siendo importante que los reguladores y los empresarios centren sus esfuerzos en ampliar y facilitar el acceso legal. De lo contrario, estas barreras de entrada obstaculizarán el crecimiento y mantendrán mercados ilícitos.