Creando el mercado de México desde la base
Por Esteban Rossi I., Ph.D., Analista, New Frontier Data
A fines de junio, siguiendo un camino inusual y tortuoso, la Corte Suprema de México (SCJN) sentó las bases para la consolidación del mercado interno del país. Al modificar la ley general de salud, la corte suprema eliminó la prohibición federal del país sobre el cannabis para uso adulto. Además, al utilizar sus poderes para modificar la ley de la salud, la corte presiona nuevamente al poder ejecutivo para que lidere el debate nacional sobre la política del cannabis.
El largo camino hacia la legislación
En octubre de 2019, impulsada por quejas generalizadas de pacientes que no podían acceder a medicamentos de cannabis en sus mercados locales, la SCJN ordenó al Congreso de la nación que regulara el consumo de cannabis. Una agenda legislativa compleja, complicada por la pandemia de COVID-19, retrasó la discusión de la política con respecto al uso médico y de adultos a lo largo de 2020, pero en Enero el gobierno público el reglamento para el uso medicinal y el desarrollo de productos farmacéuticos.
El proyecto de ley de uso adulto siguió un proceso legislativo similar. En marzo, el proyecto de ley salió de la Cámara de Diputados, con numerosos cambios sustanciales que fueron mal recibidos por la dirección del Senado. Posteriormente, en el último minuto, el Senado retrasó la votación, para evitar cualquier interferencia con las elecciones municipales de Junio. El partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador (Morena) decidió evitar un debate potencialmente divisivo sobre el cannabis unas semanas antes de las elecciones.
Por otra parte, fuentes cercanas al gobierno mexicano señalaron que Estados Unidos expresó su preocupación por el proyecto de ley de cannabis para uso de adultos. En una visita reciente, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, destacó la necesidad de alinear las políticas públicas de ambas naciones para establecer regulación eficaz para el cannabis. Esta solicitud encaja bien con el enfoque cauteloso adoptado por la administración de Joe Biden para la política de cannabis de EE. UU. Para ambos gobiernos, la legalización a nivel federal podría causar problemas financieros y de seguridad si no se establecen mecanismos adecuados de monitoreo. Sin embargo, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México han hecho importantes esfuerzos para distanciarse de las políticas prohibicionistas de línea dura.
Actualmente, gracias a la reciente declaración de inconstitucionalidad, los consumidores adultos de México tienen derecho para el consumo, cultivo, cosecha y transporte de cannabis y THC, pero deben solicitar la autorización de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos para la Salud (Cofepris). Se espera que la Cofepris desarrolle directrices precisas para el cultivo doméstico en los próximos meses. En la declaración de inconstitucionalidad, la SCJN especifico que ni los menores, ni los conductores, ni los operarios de maquinaria, pueden consumir cannabis. Asimismo, la distribución y comercialización de la flor de cannabis y los productos de cannabis también está prohibida.
El papel de las organizaciones sociales
Durante casi tres décadas, las políticas prohibicionistas causaron daños tremendos al pueblo mexicano. En respuesta, las organizaciones cívicas se ocuparon de trabajar con el gobierno para reformar las políticas de drogas. Estas organizaciones encarnan un fuerte compromiso con la justicia social y buscan proteger a las comunidades más afectadas por las guerras contra las drogas. La discusión política actual con respecto a las regulaciones del cannabis debe gran parte de su claridad conceptual sobre los derechos de los usuarios, el acceso de los pacientes y la democratización a organizaciones como la Fundación AMEM, Regula de México, Instituto RIA, ReverdeSer, Movimiento CannabicoMexicano, Planton 420 y la coalición Regulación por la Paz.
Aunque sus logros son difíciles de resumir, las organizaciones sociales lograron importantes hitos regulatorios tanto para usuarios medicinales como para adultos. Al trabajar a través del sistema judicial, obtuvieron el apoyo de la SCJN, lo que llevó al desarrollo de las directrices para el desarrollo de medicamentos publicadas en Enero, 2021. Siguiendo un camino similar, luego de un extenso debate legal, la SCJN dictaminó recientemente que la posesión y el cultivo de cannabis no eran ilegales, y brindó protección judicial a los usuarios adultos en su declaración de inconstitucionalidad.
Los mercados informales y siguientes pasos
El gobierno de Morena enfrenta tres desafíos importantes para establecer un mercado interno. El primero consiste en sentar rápidamente las bases de un mercado legal para ofrecer productos de calidad a los consumidores. A falta de ellos, el mercado informal, dominado por pequeños y medianos productores, contrabandistas y distribuidores urbanos, seguirá satisfaciendo la demanda creada por decenas de millones de usuarios. Dado el crecimiento exponencial de las tiendas minoristas de cannabis en los canales digitales y las redes sociales, los residentes mexicanos pueden acceder a una gran cartera de productos.
Un número creciente de proveedores en Instagram y Telegram ofrecen flor, comestibles, tinturas, y brindan servicios de entrega a domicilio (ver: infografía). Los precios de la flor de cannabis oscilan entre $11 y $96 MEX ($0.55-$4.83 USD) con un promedio nacional de alrededor de $2 USD. Dado que vigilar las tiendas minoristas en línea es casi imposible, los reguladores deben actuar rápidamente para atraer a los consumidores antes de que los proveedores informales conquisten el mercado. Actualmente, las tiendas de cultivo (growshops) y las plataformas de cannabis disfrutan de una posición privilegiada en los mercados donde los usuarios adultos pueden cultivar legalmente en casa.
El segundo desafío consiste en integrar y reconciliar un gran número de intereses complejos. Los entes reguladores deben desarrollar un modelo regulatorio que permita reconciliar las necesidades de las empresas locales, las comunidades y los inversores extranjeros. En ausencia de reglas cuidadosamente elaboradas, algunas grandes empresas norteamericanas podrían acaparar el mercado, excluyendo la participación local y sin satisfacer las necesidades de los consumidores. Además, dado que algunas de estas grandes empresas de cannabis carecen de un modelo de negocio claro, sería lamentable que obtuvieran ventajas injustas en el mercado mexicano. Afortunadamente, el presidente Lopez Obrador comprende bien las trampas del modelo regulatorio canadiense y decidió proceder con cautela.
El tercer desafío está representado por las organizaciones sociales y los empresarios necesitan expandir los esfuerzos de comunicación para asegurar el apoyo de todos los grupos políticos. Como señaló anteriormente New Frontier Data, la oportunidad es única: en los próximos meses, los legisladores mexicanos deberán establecer las reglas para el mercado de uso adulto más grande del mundo. Sin embargo, los reguladores continuan siendo demasiado cautelosos y quizás miopes con respecto a la política de cannabis. Si tiene éxito, el ejemplo mexicano creará riqueza y dará forma a las políticas de drogas globales durante décadas. Esperamos el partido Morena, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, pueda aprovechar la experiencia del modelo uruguayo para consolidar un mercado de uso adulto con una combinación de diplomacia y disciplina.
