El mercado medicinal chileno avanza a pesar de las dificultades

Por Esteban Rossi I., Ph.D., Analista, New Frontier Data

Los mercados y los estados interactúan de forma curiosa y a veces paradójica. Si bien en algunas jurisdicciones la regulación del cannabis medicinal creó una nueva industria, en Chile la demanda de los pacientes impulso la creación de un mercado a pesar de la precariedad del marco regulatorio existente. Este contexto ofrece algunas oportunidades para empresas, plataformas de distribución y asociaciones orientadas a la educación y la medicina, pero ha demostrado ser un desafío para las empresas internacionales que buscan ingresar al mercado chileno.

Marco regulatorio

Hasta la fecha Chile carece de un marco regulatorio específico para la industria del cannabis. El mercado regulado comprende en su mayoría productos registrados autorizados por la agencia de salud: el Instituto de Salud Pública (ISP). Las asociaciones de productores están oficialmente autorizadas por la Ley 20.000 (2005) y los medicamentos permitidos por el Decreto 84 (2015). Actualmente, los pacientes y sus familias pueden obtener formulaciones genéricas (también llamadas, preparaciones compuestas), productos registrados y medicamentos importados en las farmacias. Grandes cadenas de distribución como Salcobrand, Knop y Bioformula distribuyen productos de cannabis a través de más de 500 farmacias en todo el país. Desafortunadamente, esos medicamentos requieren prescripción médica y siguen siendo demasiado caros para el ciudadano chileno. Las formulaciones genéricas pueden costar hasta $ 120 USD, mientras que los productos registrados son aún más caros; además ni las formulaciones genéricas ni los productos registrados están cubiertos por la seguridad social.

Laboratorios Knop  fabrica Cannabiol® y lo distribuye internacionalmente. El producto contiene THC (20 mg / ml) y CBD (9 mg / ml) y ha sido probado clínicamente para el manejo del dolor en pacientes oncológicos. Cabe destacar que Cannabiol acaba de obtener su aprobación por parte de la agencia de salud peruana (Digemid) en abril, mientras que el ISP no ha autorizado su uso doméstico en Chile. Curiosamente, en 2016, ISP autorizó el uso de Sativex, un producto combinado de THC-CBD, fabricado por GW Pharmaceuticals. El cultivo a gran escala sigue estando prohibido por la ley nacional de estupefacientes de Chile, pero pocas empresas obtuvieron una autorización especial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), principalmente con fines de investigación de conformidad con la Ley 20.000 (2005) y el Decreto 867 (2007). El proceso de licenciamiento sigue siendo opaco y requiere mucho tiempo; solo un puñado de empresas obtuvieron licencias de cultivo, incluida la Dayacann, Patagonia Farms y seis empresas dedicadas al cáñamo industrial. En resumen, bajo el marco regulatorio actual es posible cultivar cannabis con la autorización del SAG; la producción y distribución de medicamentos está sujeta a la autorización del ISP y requiere una prescripción médica. El cultivo y el consumo privados también están permitidos, pero tanto la posesión como el transporte constituyen delitos ya que la policía y los fiscales no cuentan con criterios claros para diferencias los usuarios de los traficantes.

Las Asociaciones de usuarios y pacientes abren el camino

Si bien Chile carece de un marco regulatorio para los productos medicinales a base de cannabis, los pacientes y sus familias requieren dichos productos. En respuesta a la necesidad, surgieron numerosas asociaciones de cultivadores, pacientes y médicos. Fuentes locales estiman que aproximadamente 200 asociaciones operan actualmente en todo el país. Algunas asociaciones, incluidas Fundación Daya, Greenlife, Reforma, Mama Cultiva y Fasim, ofrecen actualmente servicios educativos y asesoramiento legal a los consumidores que necesitan productos medicinales. Fundación Daya es ampliamente reconocida en Chile y en la región. En 2014, Daya obtuvo sus primeros permisos de cultivo y desde entonces ha colaborado con numerosos centros de investigación, laboratorios locales y municipios para estudiar los usos médicos del cannabis para el dolor crónico, el cáncer y la epilepsia. La Fundación Daya también ejerce un liderazgo importante en actividades educativas para los pacientes y facilitando el diálogo sobre la necesidad de mejorar el marco regulatorio. En 2015 apoyaron un proyecto de ley que buscaba actualizar la ley de narcóticos. Desafortunadamente este proyecto fue aprobado por la cámara baja, pero nunca se discutió en el Senado.

Más recientemente, la fundación promovió la Ley de Cultivo Seguro en colaboración con líderes políticos locales. Esta ley busca modificar el código de salud y la Ley 20.000 para proteger a los cultivadores caseros de las acciones punitivas autorizadas en la ley de narcóticos. Debido a que la legislación actual permite que la policía incaute y destruya las plantas de cannabis de los auto-cultivadores, se considera imperativo actualizar la legislación y así evitar que los usuarios se enfrenten a acciones judiciales. No es conveniente que la carga de la prueba le corresponda a usuarios o pequeños cultivadores.

Avances puntuales y el camino a seguirHasta el momento parece claro que ni las agencias regulatorias ni los legisladores se han interesado en facilitar el crecimiento de la industria del cannabis. Sin embargo, una combinación de factores sugiere que las perspectivas para los consumidores y la industria están a punto de cambiar. Las razones son claras: la demanda de productos medicinales ya no está en discusión. Por ejemplo, la Fundación Daya, ha atendido a más de 70.000 pacientes y estima que en Chile al menos 200,000 personas ya utilizan productos a base de cannabis para manejar alguna condición.  En segundo lugar, New Frontier Data estima que más de 5 millones de personas que actualmente padecen afecciones crónicas podrían consumir cannabis medicinal si contaran con información oportuna y canales de acceso seguros. En tercer lugar, el público apoya la regulación del cannabis. Desde 2015, quedó claro que los enfoques punitivos violan los derechos fundamentales de los usuarios y crean problemas para el sistema legal -como se demostró en numerosas decisiones judiciales que anulan condenas y protegen los derechos de los cultivadores domésticos. En consecuencia, actualizar la legislación sobre cannabis sigue siendo el mejor curso de acción tanto para los usuarios como para el poder ejecutivo. Ahora que Chile se dispone a elegir gobernadores municipales y un nuevo presidente, y a redactar una nueva constitución, se espera que los derechos de los pacientes y la reforma a la política de drogas reciban especial atención.